LAS ACADEMIAS NACIONALES A LA OPINIÓN PÚBLICA, SOBRE PRESOS DE CONCIENCIA Y TORTURAS

LAS ACADEMIAS NACIONALES A LA OPINIÓN PÚBLICA, SOBRE PRESOS DE CONCIENCIA Y TORTURAS

LAS ACADEMIAS NACIONALES A LA OPINIÓN PÚBLICA, SOBRE PRESOS DE CONCIENCIA Y TORTURAS

Las Academias Nacionales, de acuerdo a su carácter y naturaleza, deben estar atentas a asuntos relativos al bienestar del gremio científico y académico en particular y la ciudadanía en general, entre ellos, la defensa de derechos humanos y civiles exigida por la sociedad moderna. En consecuencia, es su deber expresar su preocupación por informaciones generadas en el Foro Penal, autoridad en materia penal reconocida así por la colectividad internacional, sobre la detención de miembros de la comunidad universitaria, sin seguir los procedimientos estipulados en la Constitución y leyes de la República. Ya el pasado 10/10/2017 nos pronunciamos al respecto de 8 profesores universitarios detenidos en esas condiciones. Hoy nos referimos a los universitarios y profesionales en ciencias de la salud José Alberto Marulanda Bedoya y Williams Alberto Aguado Sequera, recluidos en Ramo Verde y presentados ante tribunales militares a pesar de su condición civil, quienes habrían manifestado haber sido víctimas de torturas, como también lo habrían sido estudiantes y otros ciudadanos detenidos en condiciones similares.

En el muy reciente “Informe de la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos y del Panel de expertos internacionales independientes sobre la posible comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela”, en declaraciones de abogados defensores y organizaciones de gran prestigio en el ámbito de la promoción y defensa de los derechos humanos en nuestro país, se da cuenta repetidamente de la utilización de métodos de tortura extrema en ciudadanos que han sido detenidos sin procedimientos ajustados a la ley, inconsistentes con la vigencia del Estatuto de Roma, documento que se especializa en la vigilancia y penalización de genocidios y crímenes atroces y del cual es signataria la República Bolivariana de Venezuela. La tortura se considera un crimen en el Derecho Constitucional e Internacional, destruye la personalidad de la víctima, degrada su dignidad, deja secuelas que se prolongan en tiempo y espacio y es un método opresivo de intimidación y control, expresamente prohibido en la Declaración Universal de los DDHH.

En tal sentido, las Academias Nacionales hacen un llamado a las autoridades gubernamentales para que revisen las denuncias que habrían presentado las víctimas y de

ser este el caso, detengan la utilización de cualquier método de tortura, oficien con urgencia la atención médica de los casos hasta hoy denunciados y liberen a los presos de conciencia, a los efectos de cumplir con las leyes nacionales y los acuerdos internacionales en la materia.

En Caracas, a los 18 días del mes de junio de 2018.

Horacio Biord Castillo Presidente de la Academia Venezolana de la Lengua

Inés Quintero Montiel Directora de la Academia Nacional de la Historia

Leopoldo Briceño-Iragorry Calcaño Presidente de la Academia Nacional de Medicina

Gabriel Ruan Santos Presidente de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales

Gioconda Cunto de San Blas Presidenta de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales

Humberto García Larralde Presidente de las Academia Nacional de Ciencias Económicas

Gonzalo Morales Presidente de la Academia Nacional de Ingeniería y el Hábitat

Acto de Entrega del Premio Luis Manuel Carbonell Parra

LA ACADEMIA DE CIENCIAS FÍSICAS,

MATEMÁTICAS Y NATURALES

invita al acto de entrega del

Premio Luis Manuel Carbonell Parra,

edición inaugural,

que se llevará a cabo el miércoles 20 de junio de 2018 a las 2:00 pm

en el salón de sesiones de la Corporación.

La galardonada es la Sra.

CECILIA MONTEMAYOR DE BLOHM

El premio está patrocinado por la familia Carbonell Salas, con el propòsito de reconocer y valorar los aportes hechos por personas o instituciones dedicadas a la conservación del ambiente, un tema que fue de particular motivación para el epónimo del galardón.

Sean todos cordialmente invitados

PALACIO DE LAS ACADEMIAS, AV. UNIVERSIDAD, BOLSA A SAN FRANCISCO. TELEFONOS: (0212) 482.29.54 / 75.13 TELEFAX: (0212) 484.66.11 APARTADO DE CORREOS 1421. CARACAS 1010-A, VENEZUELA

Web: https://www.acfiman.org.ve email: academiadecfmn@gmail.com
60º Aniversario CDCH-UCV: 1958-2018

Inter-academic Committee – Prisoners of Conscience and Torture

THE NATIONAL ACADEMIES OF VENEZUELA
ON PRISONERS OF CONSCIENCE AND TORTURE

The National Academies of Venezuela, by their very character and nature, must concern themselves with matters relating to the well-being of the scientific and academic community in particular and the society in general, including the defence of human and civil rights. It is therefore our duty to express concern regarding information received from the Criminal Forum (Foro Penal), a Venezuelan non-governmental organization recognized by the international community as an authority in criminal matters, on the detention of members of the universities without due procedure, as stipulated in the Constitution and laws of the Republic. Previously, on the 10/10/2017, we raised the case of 8 university professors detained under these conditions. Today, we refer to the university and health science professionals, José Alberto Marulanda Bedoya and Williams Alberto Aguado Sequera, held in the Ramo Verde military prison, and brought before military courts despite their civilian status, who would have been victims of torture, as would a number of students and other citizens detained under similar conditions.

In the very recent “Report of the General Secretariat of the Organization of American States and the Panel of independent International Experts on the possible commission of crimes against humanity in Venezuela”, in statements by defence lawyers and organizations of great prestige in the promotion and defence of human rights in our country, the use of extreme torture in citizens detained without due process are repeatedly reported, inconsistent with the Rome Statute of the International Criminal Court, that specializes in the surveillance and criminalization of genocides and heinous crimes, and of which the Bolivarian Republic of Venezuela is a signatory. Torture is considered a crime in constitutional and international laws, it destroys the personality of the victims, degrades their dignity, leaves physical and psychological sequelae and is an oppressive method of intimidation and control that is expressly prohibited in the Universal Declaration of Human Rights.

Accordingly, the National Academies of Venezuela call on the national authorities to review the allegations that these victims may have submitted and, if they are confirmed, to stop the use of any method of torture, to provide immediate medical attention to those
affected and free the prisoners of conscience, thus complying with the national laws and international agreements in the matter.

Caracas, June 18, 2018

Horacio Biord Castillo
President, Venezuelan Academy of the Language

Inés Quintero Montiel
Director, National Academy of History

Leopoldo Briceño-Iragorry Calcaño
President, National Academy of Medicine

Gabriel Ruan Santos
President, Academy of Political and Social Sciences

Gioconda Cunto de San Blas
President, Venezuelan Academy of Physical, Mathematical and Natural Sciences

Humberto García Larralde
President, National Academy of Economic Sciences

Gonzalo Morales
President, National Academy of Engineering and Habitat

Comité Interacadémico – Presos de Conciencia y Tortura

LAS ACADEMIAS NACIONALES A LA OPINIÓN PÚBLICA,
SOBRE PRESOS DE CONCIENCIA Y TORTURAS

Las Academias Nacionales, de acuerdo a su carácter y naturaleza, deben estar atentas a asuntos relativos al bienestar del gremio científico y académico en particular y la ciudadanía en general, entre ellos, la defensa de derechos humanos y civiles exigida por la sociedad moderna. En consecuencia, es su deber expresar su preocupación por informaciones generadas en el Foro Penal, autoridad en materia penal reconocida así por la colectividad internacional, sobre la detención de miembros de la comunidad universitaria, sin seguir los procedimientos estipulados en la Constitución y leyes de la República. Ya el pasado 10/10/2017 nos pronunciamos al respecto de 8 profesores universitarios detenidos en esas condiciones. Hoy nos referimos a los universitarios y profesionales en ciencias de la salud José Alberto Marulanda Bedoya y Williams Alberto Aguado Sequera, recluidos en Ramo Verde y presentados ante tribunales militares a pesar de su condición civil, quienes habrían manifestado haber sido víctimas de torturas, como también lo habrían sido estudiantes y otros ciudadanos detenidos en condiciones similares.

En el muy reciente “Informe de la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos y del Panel de expertos internacionales independientes sobre la posible comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela”, en declaraciones de abogados defensores y organizaciones de gran prestigio en el ámbito de la promoción y defensa de los derechos humanos en nuestro país, se da cuenta repetidamente de la utilización de métodos de tortura extrema en ciudadanos detenidos sin procedimientos ajustados a la ley, inconsistentes con la vigencia del Estatuto de Roma, documento que se especializa en la vigilancia y penalización de genocidios y crímenes atroces y del cual es signataria la República Bolivariana de Venezuela. La tortura se considera un crimen en el Derecho Constitucional e Internacional, destruye la personalidad de la víctima, degrada su dignidad, deja secuelas que se prolongan en tiempo y espacio y es un método opresivo de intimidación y control, expresamente prohibido en la Declaración Universal de los DDHH.

En tal sentido, las Academias Nacionales hacen un llamado a las autoridades gubernamentales para que revisen las denuncias que habrían presentado las víctimas y de
ser este el caso, detengan la utilización de cualquier método de tortura, oficien con urgencia
la atención médica de los casos hasta hoy denunciados y liberen a los presos de conciencia,
a los efectos de cumplir con las leyes nacionales y los acuerdos internacionales en la
materia.

En Caracas, a los 18 días del mes de junio de 2018.

Horacio Biord Castillo
Presidente de la Academia Venezolana de la Lengua

Inés Quintero Montiel
Directora de la Academia Nacional de la Historia

Leopoldo Briceño-Iragorry Calcaño
Presidente de la Academia Nacional de Medicina

Gabriel Ruan Santos
Presidente de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales

Gioconda Cunto de San Blas
Presidenta de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales

Humberto García Larralde
Presidente de las Academia Nacional de Ciencias Económicas

Gonzalo Morales
Presidente de la Academia Nacional de Ingeniería y el Hábitat

Las Academias Nacionales se dirigen al presidente de la República, al ministro del Poder Popular de Economía y Finanzas y al presidente del Banco Central de Venezuela ante los anuncios en materia monetaria del Gobierno Nacional

Las Academias Nacionales se dirigen al presidente de la República, al ministro del Poder Popular de Economía y Finanzas y al presidente del Banco Central de Venezuela ante los anuncios en materia monetaria del Gobierno Nacional

Las Academias Nacionales, en cumplimiento de su función asesora de los poderes públicos y de su responsabilidad ante el país, se dirigen al presidente de la República, al ministro del Poder Popular de Economía y Finanzas y al presidente del Banco Central de Venezuela, para comunicarles su opinión ante los recientes anuncios en materia monetaria.

La reconversión monetaria

El presidente Nicolás Maduro informó el jueves 22 de marzo de una reconversión monetaria que se aplicaría a partir del 4 de junio, consistente en la eliminación de tres ceros a las denominaciones en bolívares. Para ello se adoptará un cono de nuevos billetes de 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 y 500 bolívares y de nuevas monedas de 1 bolívar y de 50 céntimos, que se llamarán “Bolívares Soberanos” (Bs.S) para distinguirlos de los que están actualmente en circulación. Tal medida, que repite una similar de 2007 y sucede a la introducción de billetes de mayor denominación en 2016, no detendría la terrible hiperinflación que de manera acelerada y lamentable empobrece hoy a los venezolanos. Tampoco es seguro que pudiera acabar con la generalizada escasez de efectivo que hoy perjudica a consumidores y pequeños comerciantes por igual.

La hiperinflación actual tiene su causa en la emisión de dinero sin respaldo por parte del Banco Central de Venezuela con la intención de cerrar la enorme brecha entre gastos e ingresos del sector público, ya que no se dispone de posibilidades de financiamiento internacional. Estos déficits han superado el 9% del Producto Interno Bruto (PIB) durante los últimos ocho años. En la forma de créditos a las empresas públicas no financieras, el ente emisor aumentó en más de 20 veces esta emisión monetaria en 2017, la cual pasó de Bs. 5,6 billones el 30 de diciembre de 2016 a más de Bs. 120 billones un año más tarde. Tal incremento explica la hiperinflación de 2.616% registrada por la Comisión Permanente de Finanzas y Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional en 2017.

La reconversión decretada obvia la necesaria eliminación de la desacertada práctica de emitir dinero sin respaldo, que desafortunadamente continúa. En las primeras ocho semanas de 2018 tal emisión monetaria había superado los Bs. 771 billones, un incremento adicional de 540%. Según la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, la inflación de 2018 hasta finales de marzo ya era de 453,7%. De no controlarse cuanto antes este flagelo, el billete de mayor denominación del nuevo cono, el de Bs.S. 500, tendrá para la fecha de su puesta en vigencia un poder de compra similar al que hoy tiene el de Bs. 100.000. A la tasa de cambio oficial del seis de abril de 2018, éste sólo equivalía USD 2. De continuar la inflación como en el primer trimestre, se aproximará para finales de año al 100.000%, haciendo necesario un nuevo cono monetario, pues el poder adquisitivo de Bs.S 500 sería apenas el que tienen hoy Bs 20.000 de los existentes.

Lo anterior agravará las terribles penurias que la hiperinflación impone a los venezolanos al destruir sus capacidades de sustento. Impedirá, además, el cálculo económico confiable, generará incertidumbre y fuga de capitales y arruinará aún más la economía, con severas pérdidas de empleo e ingresos. La reconversión monetaria, con un costo de varios millones de USD que podrían haberse dedicado a suplir las insuficiencias de comida y medicamentos que sufre la población, quedará anulada. Cabe señalar, en particular, lo dispendioso de acuñar monedas nuevas que rápidamente perderían toda función práctica.

La ausencia de información sobre las cantidades emitidas del nuevo cono y los lapsos programados para que suplante a los billetes actuales genera, adicionalmente, angustias a una población que ya vivió una situación de zozobra al verse conminada a deshacerse de sus billetes de Bs. 100 en diciembre de 2016. Finalmente, el necesario redondeo de precios para ajustarse a la nueva escala y el ajuste obligado en el precio de la gasolina podrán repercutir en una mayor inflación.

Finalmente, de acuerdo con la Constitución de la República, todo lo referente a la emisión de nuevas monedas y reconversión de las existentes es de la reserva legal y, por tanto, corresponde a la Asamblea Nacional su aprobación. Asimismo, es competencia del Banco Central de Venezuela todo lo referente a la política monetaria, la cual no puede ser ejercida por el Ejecutivo Nacional ni por una Asamblea Nacional Constituyente cuya legitimidad ha sido cuestionada.

El Petro

Las Academias Nacionales se consideran obligadas a emitir también su opinión sobre el lanzamiento de un nuevo medio de pago denominado PETRO. Según el White Paper del PETRO de fecha 30 de enero de 2018, se trata de un cripto activo emitido por el estado venezolano y respaldado por activos petroleros. Conforme a la normativa emitida por el Ejecutivo Nacional y por la Asamblea Nacional Constituyente, El PETRO deberá servir como un medio de intercambio de bienes y servicios por parte del Estado y la ciudadanía en general, y ser aceptado como medio para la liberación de obligaciones con el Estado, incluidos tributos y servicios públicos. Además, tendrá convertibilidad externa porque podrá ser intercambiado en bolívares o en otras divisas por el contravalor que represente el precio internacional del barril de petróleo.

Debe señalarse que, no obstante emitirse el PETRO con base en la tecnología blockchain, no es en estricto sentido una criptomoneda. Éstas no son emitidas por ningún gobierno y las respalda exclusivamente la confianza que otorga la inviolabilidad de su formulación digital.

Son medios de pago fiduciarios por excelencia. Por el contrario, el PETRO, al ser emitido por un gobierno que ha sido declarado en default selectivo por agencias calificadoras de riesgo, pretende adoptar la forma de un crédito garantizado con recursos minerales del subsuelo para generar confianza. Esto viola el artículo 12 de la Constitución que señala que los recursos del subsuelo son “del dominio público y, por tanto, inalienables e imprescriptibles”. Esta previsión constitucional compromete la validez del PETRO como medio de pago por la indisponibilidad jurídica del pretendido subyacente, consistente en el compromiso de su intercambio como contrato de compraventa de un barril de petróleo de la cesta de crudo venezolano, permutable por petróleo en físico. Además, configura un volumen importante de crédito público no aprobado por la Asamblea Nacional, con violación de la Constitución de la República.

De esta manera, el PETRO obliga a su redención futura por parte del Estado. Representa, por tanto, un título de deuda pública de írrita legalidad, pues su colateral viola lo establecido en la Constitución y no cuenta con la aprobación de la Asamblea Nacional como corresponde a toda operación de crédito público. Además, es de dudosa calidad financiera, ya que su valor depende, en última instancia, de la capacidad de extracción de un barril de petróleo y/o de otros minerales que pretendidamente le sirven de garantía, en momentos de notorio colapso de la industria petrolera nacional y cuando están en entredicho las inversiones para explotar las reservas minerales del país por ser contratos de interés nacional que deben ser autorizados también por la Asamblea Nacional. En tal sentido, el PETRO constituye un activo financiero cuya aceptación como medio de pago es susceptible de enormes descuentos, dada la desconfianza inherente a su emisión y a sus pretendidas garantías.

El empeño en promover este medio de pago parece representar un ejercicio de ingeniería financiera dirigido a esquivar la asfixia financiera impuesta por las sanciones de Estados Unidos, la Unión Europea y Canadá al sector público venezolano y a algunos de sus altos personeros por violaciones a derechos humanos, así como del ordenamiento democrático.

Las anteriores consideraciones suscitan una preocupación adicional por la posibilidad de que el gobierno, en su intento de obtener divisas, desestime las previsiones requeridas para evitar que el anonimato asociado con la formulación del PETRO sea aprovechado para captar dineros provenientes de operaciones de origen dudoso a nivel mundial, abocadas al lavado de capitales. Tal posibilidad habrá de suscitar mayor vigilancia sobre el país por parte de los órganos internacionales competentes para erradicar estos ilícitos y obliga al Estado venezolano a ser muy cuidadoso en la materia.

Preocupan adicionalmente declaraciones recientes del Presidente de la República promoviendo el uso del PETRO para el pago de servicios y otras transacciones con el gobierno, así como para la compraventa de inmuebles y otros activos. En tal sentido, es menester enfatizar que la moneda de curso legal de la República Bolivariana de Venezuela es el bolívar, como lo establece el artículo 318 de la Constitución. La puesta en circulación del PETRO con respaldo del Estado introduciría un bimonetarismo al margen del mandato constitucional que podría degenerar en una dualidad –como ocurre en la economía cubana– entre un medio de pago con convertibilidad externa por su respaldo supuesto en el precio del barril de petróleo, y otro, depreciado por la hiperinflación, sin convertibilidad práctica. Tal distorsión implicaría una discriminación odiosa a favor de aquellos que se benefician del intercambio externo y perjudicaría a quienes solo tienen bolívares no convertibles para sus transacciones.

Por último, la ilegítima creación de un medio de pago alternativo constituye una franca usurpación de las competencias constitucionales de la Asamblea Nacional para legislar sobre materia monetaria, así como las del Banco Central de Venezuela como autoridad monetaria única, en infracción de los artículos 318 de la Constitución y 7, 106 y 107 de la Ley del Banco Central de Venezuela.

En suma, la creación del PETRO constituye una decisión inconstitucional e ilegal del Presidente de la Republica, así como también de la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente –que emitió recientemente un “Decreto Constitucional Sobre Criptoactivos y la Criptomoneda Soberana Petro”– que compromete la validez jurídica de cualquier transacción que implique su uso, por convertirlo en un objeto de intercambio ilícito y de endeudamiento ilegítimo. Adicionalmente instituye un perturbador bimonetarismo al introducir un medio de pago alternativo a la moneda de curso legal que distorsionará aún más la inestable economía venezolana, contribuyendo a la fatal disfunción del bolívar como unidad monetaria del país.

Conclusión

Las Academias Nacionales insisten en que la verdadera solución a la pérdida de efectividad del actual cono monetario, de la escasez de efectivo y de las limitaciones financieras que afecta no solo al Ejecutivo Nacional sino a toda la población, depende de políticas que abatan perentoria y eficazmente la terrible inflación que hoy arruina a los venezolanos. Esto implica sanear las cuentas del sector público, eliminar sus déficits y la necesidad de su financiamiento monetario, unificar y liberar el tipo de cambio con el respaldo de financiamiento externo, y levantar los controles y regulaciones que asfixian a la economía, en un marco de seguridades jurídicas y de respeto al ordenamiento constitucional que inspire confianza y atraiga inversiones.

Las Academias Nacionales manifiestan su perplejidad ante el hecho de que tales acciones, recomendadas de manera reiterada por ellas en distintas oportunidades y por otros profesionales altamente calificados, sean ignoradas por el gobierno a favor de políticas que han mostrado fehacientemente causar daño a la economía y el bienestar de los venezolanos.

Caracas, 16 de abril de 2018

Horacio Biord Castillo Presidente de la Academia Venezolana de la Lengua

Inés Quintero Montiel Directora de la Academia Nacional de la Historia

Alfredo Díaz Bruzual Presidente de la Academia Nacional de Medicina

Gabriel Ruan Santos Presidente de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales

Gioconda Cunto de San Blas Presidenta de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales

Humberto García Larralde Presidente de las Academia Nacional de Ciencias Económicas

Gonzalo Morales Presidente de la Academia Nacional de Ingeniería y el Hábitat

Las Academias Nacionales a la opinión pública Ante los anuncios en materia monetaria del Gobierno Nacional

Las Academias Nacionales a la opinión pública Ante los anuncios en materia monetaria del Gobierno Nacional

Las Academias Nacionales, en cumplimiento de su función asesora de los poderes públicos y de sus responsabilidades ante el país, se dirigen a la Nación para comunicarle su opinión ante los recientes anuncios en materia monetaria

La reconversión monetaria

La reconversión monetaria anunciada por el presidente de la República a ser aplicada a partir del 4 de junio consistirá en la eliminación de tres ceros a las denominaciones en bolívares con un cono de nuevos billetes y monedas que se llamarán “Bolívares Soberanos” (Bs.S) para distinguirlos de los actualmente circulantes. Tal iniciativa no tendrá efecto alguno sobre la terrible hiperinflación que aceleradamente empobrece hoy a los venezolanos. Tampoco acabará con la inaudita escasez de efectivo que hoy perjudica a consumidores y pequeños comerciantes por igual.

La hiperinflación actual tiene su causa en la emisión de dinero sin respaldo por parte del Banco Central de Venezuela (BCV), para financiar un déficit que ha superado el 9% del Producto Interno Bruto (PIB) durante los últimos ocho años. El ente emisor aumentó en más de 20 veces la emisión monetaria en 2017, lo que explica la hiperinflación de 2.616% registrada por la Comisión Permanente de Finanzas y Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional en 2017. En las primeras ocho semanas de 2018 tal emisión monetaria había superado los Bs. 771 billones, un incremento adicional de 540%. De no atajarse cuanto antes este flagelo, el billete de mayor denominación del nuevo cono, el de Bs.S. 500, tendrá para la fecha de su puesta en vigencia un poder de compra similar al que hoy tiene el de Bs. 100.000. Cabe señalar que todo lo referente a emisión de nuevas monedas es de la reserva legal y por tanto, corresponde a la Asamblea Nacional su aprobación.

Lo anterior habrá de agravar las terribles penurias que la hiperinflación impone a los venezolanos, al destruir sus capacidades de sustento. Impide, además, el cálculo económico confiable, genera incertidumbre y fuga de capitales, y arruina aún más a la economía, con

Este documento es versión corta de un comunicado enviado al presidente de la República, al ministro del Poder Popular de Economía y Finanzas y al presidente del Banco Central de Venezuela por las Academias Nacionales, que podrá ser leído en http://www.acienpol.org.ve/ severas pérdidas de empleo e ingresos. El necesario redondeo de precios para ajustarse a la nueva escala y el ajuste obligado en el precio de la gasolina podrán repercutir en una mayor inflación.

El Petro

Se trata de un cripto activo emitido por el estado venezolano y respaldado por activos petroleros. No es en estricto sentido una criptomoneda. Estas no son emitidas por ningún gobierno y las respalda exclusivamente la confianza que otorga la inviolabilidad de su formulación digital. Son medios de pago fiduciarios por excelencia. El Petro, al ser emitido por un gobierno que ha sido declarado en default selectivo por agencias calificadoras de riesgo, pretende generar un crédito garantizado con recursos minerales del subsuelo para generar confianza, violando así el artículo 12 de la Constitución. Es también un título de deuda pública de írrita legalidad, constituido a partir de una franca usurpación de las competencias constitucionales de la Asamblea Nacional para legislar sobre materia monetaria.

La puesta en circulación del Petro con respaldo del Estado introduciría un bimonetarismo al margen del mandato constitucional que podría degenerar en una dualidad –como ocurre en la economía cubana– entre un medio de pago con convertibilidad externa por su respaldo supuesto en el precio del barril de petróleo, y otro, envilecido por la hiperinflación, sin convertibilidad práctica. Tal distorsión implicaría una discriminación odiosa a favor de aquellos que se benefician del intercambio externo y perjudicaría a quienes sólo tienen bolívares no convertibles para sus transacciones.

Las Academias Nacionales insisten una vez más en que la verdadera solución a la pérdida de efectividad del actual cono monetario, de la escasez de efectivo y de las limitaciones financieras que afectan al Ejecutivo Nacional, como a toda la población, depende de políticas que abatan perentoria y eficazmente la terrible inflación que hoy arruina a los venezolanos. Esto implica sanear las cuentas del sector público, eliminar sus déficits y la necesidad de su financiamiento monetario, unificar y liberar el tipo de cambio con el respaldo de un generoso financiamiento externo, y levantamiento de los controles y regulaciones que asfixian a la economía, en un marco de seguridades jurídicas y de respeto al ordenamiento constitucional que inspire confianza y atraiga inversiones.

Caracas, 10 de abril de 2018

Horacio Biord Castillo Presidente de la Academia Venezolana de la Lengua

Inés Quintero Montiel Directora de la Academia Nacional de la Historia

Alfredo Díaz Bruzual Presidente de la Academia Nacional de Medicina

Gabriel Ruan Santos Presidente de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales

Gioconda Cunto de San Blas Presidenta de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales

Humberto García Larralde Presidente de las Academia Nacional de Ciencias Económicas

Gonzalo Morales Presidente de la Academia Nacional de Ingeniería y el Hábitat

LAS ACADEMIAS NACIONALES ANTE LA CONVOCATORIA A ELECCIONES PARA EL 22 DE ABRIL DE 2018

LAS ACADEMIAS NACIONALES ANTE LA CONVOCATORIA A ELECCIONES PARA EL 22 DE ABRIL DE 2018

Las Academias nacionales se dirigen a la opinión pública en este momento trágico de la vida política venezolana para sumar su rechazo a la precipitada convocatoria a elecciones presidenciales el próximo 22 de abril, ya expresada por autorizados sectores del país y por numerosos gobiernos e instancias internacionales.

La ilegalidad de la convocatoria ha sido analizada a profundidad en el pronunciamiento de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales el pasado 15 de febrero de 2018 (Decreto Constituyente sobre la convocatoria de las Elecciones para la Presidencia de la República Bolivariana de Venezuela, http://www.acienpol.org.ve/cmacienpol/Resources/Noticias/Pronunciami entoAcademiaConvocatoriaeleccionespresidencialesDEFINITIVO1.pdf), al cual nos adherimos.

Las elecciones son el mecanismo fundamental de expresión de la voluntad popular. Pero recurrir a ellas bajo criterios de ilegalidad arbitrariamente impuestos para convalidar la perpetuación en el poder, es inaceptable para los ciudadanos. Al desestimarse las garantías constitucionales y legales de obligatorio cumplimiento por el Estado venezolano, se vulnera el Estado de Derecho y los derechos políticos consagrados en la Constitución de la República, las leyes y tratados internacionales, además de constituir una práctica repudiable y contraria a los principios y estándares internacionales en materia electoral.

No podría haber elecciones libres ni justas con presos políticos, con partidos y líderes opositores proscritos, con una autoridad electoral parcializada, con condiciones desiguales de participación, sin un cronograma electoral consensuado, sin un registro electoral confiable, sin libertad absoluta de prensa, con amenazas a la población y sin procurar un genuino ambiente de paz y respeto, todas ellas condiciones que fueron rechazadas por el gobierno en las recientes negociaciones con representantes de la oposición.

Venezuela atraviesa una situación estructural de múltiples dificultades. Luce falaz organizar un proceso comicial solicitado por un ente ilegítimo, sin las condiciones antes mencionadas, de tanta importancia para el restablecimiento del orden democrático, un evento que tal como ha sido planteado carece de adecuados controles que garanticen la imparcialidad del organismo encargado de su ejecución, la neutralidad del Estado como un todo y la ausencia de presiones indebidas, así como la plena participación de todos los venezolanos mayores de edad, residentes dentro y fuera del país, y el efectivo aval de una observación internacional.

Hacemos, en consecuencia, un respetuoso llamado:

(a) a los representantes del Poder Electoral a actuar en estricto apego a la Constitución, las leyes y la imparcialidad e independencia que lo han de caracterizar;

(b) al gobierno venezolano a respetar la Constitución, el Estado de Derecho y los derechos políticos de los ciudadanos, así como garantizar la neutralidad del Estado en un tema tan delicado para la vida institucional, como lo es generar credibilidad de los resultados dentro y fuera de las fronteras patrias;

(c) a los dirigentes, organizaciones políticas, actores diversos de la sociedad civil y a los electores, víctimas de la terrible situación que padecemos, a convertir este momento en poderosa fuerza impugnadora del orden actual, a unirnos en un frente único que de manera dinámica rechace la participación electoral en las condiciones actuales, por ser unas elecciones cuestionadas y apresuradas, de negativa proyección para el futuro del país, la convivencia política, la paz social y la estabilidad económica.

En Caracas, a los 20 días del mes de febrero de 2018.

Horacio Biord Castillo Presidente de la Academia Venezolana de la Lengua

Inés Quintero Montiel Directora de la Academia Nacional de la Historia

Alfredo Díaz Bruzual Presidente de la Academia Nacional de Medicina

Gabriel Ruan Santos Presidente de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales

Gioconda Cunto de San Blas Presidenta de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales

Humberto García Larralde Presidente de las Academia Nacional de Ciencias Económicas

Gonzalo Morales Presidente de la Academia Nacional de Ingeniería y el Hábitat

COMUNICADO DE LAS ACADEMIAS NACIONALES A LA OPINIÓN PÚBLICA SOBRE EL ANUNCIO OFICIAL DEL SECRETARIO GENERAL DE LA ONU DE ENVIAR LA CONTROVERSIA CON GUYANA A LA CORTE INTERNACIONAL DE JUSTICIA

*Este comunicado es una versión reducida de una carta abierta mucho más detallada (a ser colocada en próximos días en medios electrónicos), enviada al Presidente de la República Nicolás Maduro Moros, al canciller Jorge Arreaza y a la Asamblea Nacional en la persona de su presidente, Omar Barboza.

COMUNICADO DE LAS ACADEMIAS NACIONALES A LA OPINIÓN PÚBLICA SOBRE EL ANUNCIO OFICIAL DEL SECRETARIO GENERAL DE LA ONU DE ENVIAR LA CONTROVERSIA CON GUYANA A LA CORTE INTERNACIONAL DE JUSTICIA*

Las Academias Nacionales hacemos pública nuestra grave preocupación ante el reciente anuncio del Secretario General de las Naciones Unidas (ONU) Antonio Guterres (30 de enero de 2018), de su decisión de enviar a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) la controversia territorial entre Venezuela y la República Cooperativa de Guyana sobre el territorio Esequibo, decisión previamente señalada como una posibilidad por los sucesivos Secretarios Generales de la ONU, Ban Ki-moon y Antonio Guterres, y hoy hecha realidad.

Ya en comunicaciones de 20 de marzo de 2017 y 30 de octubre de 2017, la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, sola o en conjunto con las demás Academias Nacionales, se dirigió a los cancilleres Delcy Rodríguez y Jorge Arreaza, su sucesor en el cargo, para manifestarles su preocupación respecto a tales advertencias y recomendarles la adopción de una firme posición pública de rechazo, a fin de asegurar la mejor defensa jurídica de Venezuela al respecto.

Vista la gravedad del mencionado anuncio formal, las Academias una vez más alertan y reiteran ante el país y la comunidad internacional que tal decisión debe ser rechazada de manera categórica por el Gobierno de Venezuela. Por ser contrario a los intereses del país y violatorio del Acuerdo de Ginebra, Venezuela no debe ni puede aceptar que este delicado asunto sea enviado unilateralmente y sin su consentimiento a dicho tribunal internacional.

Las Academias reafirmamos que la mejor y más certera defensa de Venezuela ante esta decisión del Secretario General de la ONU es insistir y oponer la falta de jurisdicción de la CIJ para conocer y decidir este asunto, entre otras cosas, porque

(a) ni Venezuela ni Guyana han reconocido la competencia obligatoria de la CIJ, ya que ninguno de estos dos Estados ha ratificado el Estatuto de dicha Corte Internacional (art. 36, parág. 2);

(b) es violatoria del Acuerdo de Ginebra, el cual no figura ni nunca ha figurado en los documentos oficiales considerados por la propia CIJ como uno de los tratados o acuerdos internacionales que estipulan su jurisdicción contenciosa; y

(c) se opone al objeto y propósito explícitos del Acuerdo, cual es la búsqueda de una solución satisfactoria para el arreglo práctico de la controversia que resulte aceptable para ambas partes en diligencias que no han sido agotadas.

En consecuencia, las Academias consideran y requieren al Gobierno de Venezuela:

  1. Hacer valer de manera pública y directa, ante el Secretario General de la ONU, la invalidez bajo el Derecho internacional y el Acuerdo de Ginebra, de someter la controversia entre Venezuela y Guyana a la CIJ. 2. Solicitar al Secretario General de la ONU que escoja uno de los medios de solución de controversias previstos en el artículo 33 de la Carta de la ONU que sea compatible con el objeto y propósito del Acuerdo de Ginebra, a fin de que permita una solución satisfactoria para el arreglo práctico de la controversia en forma aceptable para ambas partes. Este medio deberá tener una mayor intensidad y estar reforzado, a fin de que permita avances satisfactorios y significativos en el corto plazo. 3. En caso de que el Secretario General de la ONU persista en su decisión y envíe la controversia a la CIJ, Venezuela debe preparar su defensa jurídica internacional, la cual deberá comenzar por objetar la competencia obligatoria contenciosa de dicho tribunal internacional para conocer este asunto, en virtud de (i) ser contrario al objeto y propósito del Acuerdo de Ginebra, y (ii) no encontrar base expresa e indubitable de la voluntad de Venezuela de someterse a dicho tribunal, en ningún acuerdo especial o instrumento internacional.

En Caracas, a los 14 días del mes de febrero de 2018

Horacio Biord Castillo Presidente de la Academia Venezolana de la Lengua

Inés Quintero Montiel Directora de la Academia Nacional de la Historia

Alfredo Díaz Bruzual Presidente de la Academia Nacional de Medicina

Gabriel Ruan Santos Presidente de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales

Gioconda Cunto de San Blas Presidenta de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales

Humberto García Larralde Presidente de las Academia Nacional de Ciencias Económicas

Gonzalo Morales Presidente de la Academia Nacional de Ingeniería y el Hábitat

CARTA ABIERTA DE LAS ACADEMIAS NACIONALES AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA NICOLÁS MADURO MOROS, AL CANCILLER JORGE ARREAZA Y A LA ASAMBLEA NACIONAL EN LA PERSONA DE SU PRESIDENTE OMAR BARBOZA SOBRE EL ANUNCIO OFICIAL DEL SECRETARIO GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS DE ENVIAR LA CONTROVERSIA CON GUYANA A LA CORTE INTERNACIONAL DE JUSTICIA

CARTA ABIERTA DE LAS ACADEMIAS NACIONALES AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA NICOLÁS MADURO MOROS, AL CANCILLER JORGE ARREAZA Y A LA ASAMBLEA NACIONAL EN LA PERSONA DE SU PRESIDENTE OMAR BARBOZA SOBRE EL ANUNCIO OFICIAL DEL SECRETARIO GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS DE ENVIAR LA CONTROVERSIA CON GUYANA A LA CORTE INTERNACIONAL DE JUSTICIA

Caracas, 14 de febrero de 2018

Sr. NICOLÁS MADURO MOROS Presidente de la República Bolivariana de Venezuela Sr. JORGE ARREAZA Ministro de Relaciones Exteriores Sr. OMAR BARBOZA Presidente, y demás diputados de la Asamblea Nacional

De nuestra mayor consideración:

Las Academias Nacionales hacemos pública nuestra grave preocupación ante la reciente decisión del Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), anunciada el 30 de enero de 2018, de enviar a la Corte Internacional de Justicia la controversia territorial entre Venezuela y la República Cooperativa de Guyana sobre el territorio Esequibo.

Debemos mencionar que el 30 de octubre de 2017 estas Academias dirigieron una comunicación al despacho del canciller Jorge Arreaza. Dicha comunicación se sumaba a la enviada el 20 de marzo de 2017 por la Academia de Ciencias Políticas y Sociales a la entonces canciller, Delcy

Rodríguez. En ambas cartas se manifestaba la preocupación de las Academias ante los anuncios realizados por los respectivos Secretarios Generales de la ONU y se recomendaba a la cancillería rechazar firme y públicamente la pretendida remisión del caso del Esequibo a la Corte Penal Internacional a fin de asegurar al respecto la mejor defensa jurídica de Venezuela.

En esas comunicaciones dirigidas a los cancilleres, hicimos referencia al pronunciamiento público de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales emitido el 7 de febrero de 2017. En dicho pronunciamiento se rechazaba el anuncio realizado en diciembre de 2016 por el entonces Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, de designar un nuevo representante personal para encargarse del proceso de buenos oficios, aunque si para finales de 2017 no se había logrado un “avance significativo” para solventar la controversia elegiría, entonces, la Corte Internacional de Justicia para solucionarla, a menos que Guyana y Venezuela, de manera conjunta, le solicitaran que se abstuviera de hacerlo. En dicha oportunidad igualmente hicimos referencia al hecho de que con posterioridad, el 27 de febrero de 2017, el nuevo Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, con ocasión del anuncio de la designación del señor Dag Halvor Nylander como su Representante Personal para la controversia fronteriza entre Guyana y Venezuela, igualmente anunció que el proceso de buenos oficios continuaría con un mandato reforzado de mediación “hasta final de 2017” y “si a finales de 2017, el Secretario General concluyera que no se ha logrado un avance significativo hacia un acuerdo completo para la solución de la controversia, el Secretario General elegirá la Corte Internacional de Justicia como siguiente medio de solución, a menos de que los Gobiernos de Guyana y Venezuela conjuntamente le pidan que no lo haga”. Por último, en nuestra comunicación, las Academias llamamos la atención sobre el hecho público de que el presidente de Guyana, David Granger, durante su intervención en la 72o Asamblea General de la ONU el 20 de septiembre de 2017, expresó que el reclamo de Venezuela contra su país es una “amenaza” y por ello –agregó-, “tanto los Secretarios Ban Ki-Moon y Antonio Guterres han mantenido la postura de que si para 2018 no se han producido avances importantes en el diferendo, la Corte Internacional de Justicia será el siguiente paso”, por lo que “Guyana ha estado trabajando seriamente con la Secretaría” , y llamó a la comunidad internacional “para que Venezuela acepte el proceso judicial como el camino claro, de paz y justicia para la solución del diferendo”.

Vista la gravedad del nuevo anuncio formal del pasado 30 de enero de 2018 sobre la decisión adoptada por el Secretario General de la ONU relativa al envío de la controversia a la Corte Internacional de Justicia, las Academias una vez más alertan y reiteran ante el país y la comunidad internacional, que la judicialización de la solución de la controversia, mediante el envío de la misma a la Corte Internacional de Justicia, debe ser rechazada de manera categórica por el gobierno de Venezuela, no solo por ser contraria a los intereses del país, sino porque la misma es violatoria del Acuerdo de Ginebra. Venezuela no debe ni puede aceptar que este delicado asunto sea enviado unilateralmente y sin su consentimiento a dicho tribunal internacional.

Las Academias reiteramos, una vez más, que la mejor y más certera defensa de Venezuela ante esta anunciada decisión del Secretario General de la ONU, es insistir y oponer la falta de jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia para conocer y decidir este asunto.

Ni Venezuela ni Guyana han reconocido la competencia obligatoria de la Corte Internacional de Justicia, ya que ninguno de estos dos Estados ha ratificado el Estatuto de dicha Corte Internacional (art. 36, parág. 2). Tampoco puede considerarse que la referencia genérica en el Acuerdo de Ginebra a los mecanismos para la solución pacífica de las controversias previstos en el artículo 33 de la Carta de la ONU, pueda constituir una base jurídica para afirmar la obligatoriedad de dicha jurisdicción contenciosa. De hecho, el Acuerdo de Ginebra no figura ni nunca ha figurado en los documentos oficiales considerados por la propia Corte Internacional de Justicia como uno de los tratados o acuerdos internacionales que estipulan su jurisdicción contenciosa. En este sentido, Venezuela siempre ha sido extremadamente cuidadosa de no ratificar los instrumentos internacionales o en su caso hacer la reserva del caso, cuando en los mismos se dispone la aceptación de la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia. Además, conforme a los principios de su reiterada jurisprudencia, la Corte siempre ha exigido que los acuerdos especiales entre las altas partes contratantes que estipulen su jurisdicción obligatoria para un asunto o controversia deben ser de naturaleza expresa, indubitable y clara, de manera que no dé lugar a duda alguna sobre la intención de las partes y, por ello, ha rechazado los casos relativos a estipulaciones indirectas o referenciales.

En conclusión, la anunciada decisión unilateral del Secretario General de la ONU es violatoria del Acuerdo de Ginebra, cuyo objeto y propósito

explícitos consisten en la búsqueda de una solución satisfactoria para el arreglo práctico de la controversia que resulte aceptable para ambas partes. Por lo cual, someter la controversia a un procedimiento judicial desnaturalizaría el Acuerdo de Ginebra, ya que impediría que las partes, a través de un mecanismo de negociación, logren un acuerdo práctico a la controversia que sea mutuamente aceptable para ellas. Queda claro que una solución judicial unilateral es lo contrario a un arreglo práctico satisfactorio y aceptable para ambas partes.

Al mismo tiempo, esta decisión de remitir el caso a la Corte Internacional de Justicia equivale a la introducción arbitraria de un término de caducidad de las negociaciones entre las partes para buscar una solución práctica conforme al Acuerdo de Ginebra, las cuales evidentemente no han sido agotadas. Conforme a dicho instrumento internacional (art. IV, 2), si alguno de esos medios, como podrían ser los actuales buenos oficios con mandato reforzado de mediación o cualquier otro de mayor intensidad diplomática, no han conducido a una solución de la controversia, el Secretario General de la ONU escogerá otro de los medios estipulados en el artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas y así sucesivamente hasta que la controversia haya sido resuelta, o hasta que todos los medios de solución pacífica contemplados en dicho artículo hayan sido agotados. Sin embargo, como hemos insistido, esos “medios de solución pacífica” contemplados en dicha norma, deben sujetarse siempre al objeto y propósito del Acuerdo de Ginebra, cual es precisamente la búsqueda de una solución satisfactoria para el arreglo práctico de la controversia en forma aceptable para ambas partes.

En consecuencia, las Academias consideran y requieren al Gobierno de Venezuela:

  1. Hacer valer, de manera pública y directa, ante el Secretario General de la ONU la invalidez bajo el Derecho internacional y el Acuerdo de Ginebra de someter la controversia entre Venezuela y Guyana a la Corte Internacional de Justicia.
  2. Solicitar al Secretario General de la ONU que escoja uno de los medios de solución de controversias previstos en el artículo 33 de la Carta de la ONU que sea compatible con el objeto y propósito del Acuerdo de Ginebra, a fin de que permita una solución satisfactoria para el arreglo práctico de la controversia en forma aceptable para ambas partes. Este medio deberá tener una mayor intensidad y estar

reforzado, a fin de que permita avances satisfactorios y significativos en el corto plazo.

  1. En caso de que el Secretario General de la ONU persista en su decisión y envíe la controversia a la Corte Internacional de Justicia, Venezuela debe preparar su defensa jurídica internacional, la cual deberá comenzar por objetar la competencia obligatoria contenciosa de dicho tribunal internacional para conocer este asunto, en virtud de (i) ser contrario al objeto y propósito del Acuerdo de Ginebra y (ii) no encontrar base expresa e indubitable de la voluntad de Venezuela de someterse a dicho tribunal, en ningún acuerdo especial o instrumento internacional.

Horacio Biord Castillo Presidente de la Academia Venezolana de la Lengua

Inés Quintero Montiel Directora de la Academia Nacional de la Historia

Alfredo Díaz Bruzual Presidente de la Academia Nacional de Medicina

Gabriel Ruan Santos Presidente de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales

Gioconda Cunto de San Blas Presidenta de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales

Humberto García Larralde Presidente de las Academia Nacional de Ciencias Económicas

Gonzalo Morales Presidente de la Academia Nacional de Ingeniería y el Hábitat

DECLARACIÓN CONJUNTA DE LAS ACADEMIAS NACIONALES

DECLARACIÓN CONJUNTA DE LAS ACADEMIAS NACIONALES

Las Academias Nacionales, vistos los continuos ataques a la universidad y a sus profesores, estudiantes y demás integrantes de la comunidad universitaria, se dirige a la opinión pública para dar a conocer su reclamo ante hechos dirigidos a reprimir el ejercicio de la libertad de expresión y pensamiento, a la vez que violar la autonomía universitaria al restringir la libertad académica, derechos todos garantizados y protegidos por los principios y normas de la Constitución y ratificados por tratados y acuerdos internacionales.

Para el momento en que se escribe esta nota, hay 439 presos políticos en Venezuela, según lo informa el Foro Penal Venezolano, organización no gubernamental cuyos abogados prestan sus servicios pro bono en la asistencia jurídica de personas detenidas arbitrariamente. Al expresar nuestra solidaridad con todos los que han sido apresados injusta e ilegalmente, queremos hacer especial mención de los profesores universitarios encarcelados o con medidas sustitutivas de libertad, por el único delito de expresar una voz contraria a la línea gubernamental.

Son ellos:

Santiago Guevara, Universidad de Carabobo, detenido por la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) el 21 de febrero de 2017. Está detenido en la sede de la Dgcim en Boleíta, Caracas.

Yoel Bellorín, Universidad de Oriente, detenido desde el 19 de abril de 2017. Desde el 19 de septiembre tiene medida cautelar de casa por cárcel.

Jorge Machado, Universidad Central de Venezuela, detenido el 19 de mayo de 2017 por el Sebin, en el Helicoide. Liberado con condiciones restrictivas el 29 de septiembre.

Sergio Contreras, Universidad Católica Andrés Bello, detenido el 10 de mayo de 2017 por el Sebin, en el Helicoide. Liberado el 3 de julio con medida cautelar sustitutiva de la medida privativa de libertad.

Rolman Rojas, Universidad de Carabobo, detenido el 18 de julio de 2017 por la División de Investigaciones y Estrategias Preventivas de la Policía del estado Aragua, trasladado a Cárcel 26 de julio, San Juan de los Morros.

Carlos Requena, Universidad Nororiental Gran Mariscal de Ayacucho, detenido el 29 de julio de 2017 por el Sebin, preso en el Centro de Coordinación Judicial de Guaiparo, San Félix, Edo Bolívar.

Julio García, Universidad de Carabobo, Presidente del Colegio de Enfermeros del Estado Carabobo, detenido por el Sebin en relación al caso del alzamiento en Paramacay el 12 de agosto de 2017, recluido en Fuerte Tiuna, con orden de tribunal de traslado a Ramo Verde (no ejecutada).

Rosmary Di Pietro, Universidad de Carabobo, Presidenta del Colegio de Contadores del Edo. Carabobo, detenida por el Sebin en el Helicoide en relación al caso del alzamiento en Paramacay el 12 de agosto de 2017.

Todos ellos, presos o en libertad condicional con medidas cautelares, ven coartada la libertad requerida para ejercer a plenitud su trabajo como docentes y formadores de juventudes en el marco de la autonomía universitaria.

Exigimos su libertad y manifestamos nuestra voluntad de no cesar en nuestro empeño de vivir en una patria libre de presos políticos, cualquiera sea su pensamiento o ideología, en un país en el que la disidencia civilizada sea tomada como la respuesta natural que cualquier ciudadano puede expresar sin temor a represalias, bajo la garantía y protección del Estado de Derecho y el respeto a los derechos humanos.

En Caracas, a los 17 días del mes de octubre de 2017

Horacio Biord Castillo Presidente de la Academia Venezolana de la Lengua

Inés Quintero Montiel Directora de la Academia Nacional de la Historia

Alfredo Díaz Bruzual Presidente de la Academia Nacional de Medicina

Gabriel Ruán Santos Presidente de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales

Gioconda Cunto de San Blas Presidenta de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales

Humberto García Larralde Presidente de las Academia Nacional de Ciencias Económicas