CARTA ABIERTA DE LAS ACADEMIAS NACIONALES AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA NICOLÁS MADURO MOROS, AL CANCILLER JORGE ARREAZA Y A LA ASAMBLEA NACIONAL EN LA PERSONA DE SU PRESIDENTE OMAR BARBOZA SOBRE EL ANUNCIO OFICIAL DEL SECRETARIO GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS DE ENVIAR LA CONTROVERSIA CON GUYANA A LA CORTE INTERNACIONAL DE JUSTICIA

CARTA ABIERTA DE LAS ACADEMIAS NACIONALES AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA NICOLÁS MADURO MOROS, AL CANCILLER JORGE ARREAZA Y A LA ASAMBLEA NACIONAL EN LA PERSONA DE SU PRESIDENTE OMAR BARBOZA SOBRE EL ANUNCIO OFICIAL DEL SECRETARIO GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS DE ENVIAR LA CONTROVERSIA CON GUYANA A LA CORTE INTERNACIONAL DE JUSTICIA

Caracas, 14 de febrero de 2018

Sr. NICOLÁS MADURO MOROS Presidente de la República Bolivariana de Venezuela Sr. JORGE ARREAZA Ministro de Relaciones Exteriores Sr. OMAR BARBOZA Presidente, y demás diputados de la Asamblea Nacional

De nuestra mayor consideración:

Las Academias Nacionales hacemos pública nuestra grave preocupación ante la reciente decisión del Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), anunciada el 30 de enero de 2018, de enviar a la Corte Internacional de Justicia la controversia territorial entre Venezuela y la República Cooperativa de Guyana sobre el territorio Esequibo.

Debemos mencionar que el 30 de octubre de 2017 estas Academias dirigieron una comunicación al despacho del canciller Jorge Arreaza. Dicha comunicación se sumaba a la enviada el 20 de marzo de 2017 por la Academia de Ciencias Políticas y Sociales a la entonces canciller, Delcy

Rodríguez. En ambas cartas se manifestaba la preocupación de las Academias ante los anuncios realizados por los respectivos Secretarios Generales de la ONU y se recomendaba a la cancillería rechazar firme y públicamente la pretendida remisión del caso del Esequibo a la Corte Penal Internacional a fin de asegurar al respecto la mejor defensa jurídica de Venezuela.

En esas comunicaciones dirigidas a los cancilleres, hicimos referencia al pronunciamiento público de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales emitido el 7 de febrero de 2017. En dicho pronunciamiento se rechazaba el anuncio realizado en diciembre de 2016 por el entonces Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, de designar un nuevo representante personal para encargarse del proceso de buenos oficios, aunque si para finales de 2017 no se había logrado un “avance significativo” para solventar la controversia elegiría, entonces, la Corte Internacional de Justicia para solucionarla, a menos que Guyana y Venezuela, de manera conjunta, le solicitaran que se abstuviera de hacerlo. En dicha oportunidad igualmente hicimos referencia al hecho de que con posterioridad, el 27 de febrero de 2017, el nuevo Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, con ocasión del anuncio de la designación del señor Dag Halvor Nylander como su Representante Personal para la controversia fronteriza entre Guyana y Venezuela, igualmente anunció que el proceso de buenos oficios continuaría con un mandato reforzado de mediación “hasta final de 2017” y “si a finales de 2017, el Secretario General concluyera que no se ha logrado un avance significativo hacia un acuerdo completo para la solución de la controversia, el Secretario General elegirá la Corte Internacional de Justicia como siguiente medio de solución, a menos de que los Gobiernos de Guyana y Venezuela conjuntamente le pidan que no lo haga”. Por último, en nuestra comunicación, las Academias llamamos la atención sobre el hecho público de que el presidente de Guyana, David Granger, durante su intervención en la 72o Asamblea General de la ONU el 20 de septiembre de 2017, expresó que el reclamo de Venezuela contra su país es una “amenaza” y por ello –agregó-, “tanto los Secretarios Ban Ki-Moon y Antonio Guterres han mantenido la postura de que si para 2018 no se han producido avances importantes en el diferendo, la Corte Internacional de Justicia será el siguiente paso”, por lo que “Guyana ha estado trabajando seriamente con la Secretaría” , y llamó a la comunidad internacional “para que Venezuela acepte el proceso judicial como el camino claro, de paz y justicia para la solución del diferendo”.

Vista la gravedad del nuevo anuncio formal del pasado 30 de enero de 2018 sobre la decisión adoptada por el Secretario General de la ONU relativa al envío de la controversia a la Corte Internacional de Justicia, las Academias una vez más alertan y reiteran ante el país y la comunidad internacional, que la judicialización de la solución de la controversia, mediante el envío de la misma a la Corte Internacional de Justicia, debe ser rechazada de manera categórica por el gobierno de Venezuela, no solo por ser contraria a los intereses del país, sino porque la misma es violatoria del Acuerdo de Ginebra. Venezuela no debe ni puede aceptar que este delicado asunto sea enviado unilateralmente y sin su consentimiento a dicho tribunal internacional.

Las Academias reiteramos, una vez más, que la mejor y más certera defensa de Venezuela ante esta anunciada decisión del Secretario General de la ONU, es insistir y oponer la falta de jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia para conocer y decidir este asunto.

Ni Venezuela ni Guyana han reconocido la competencia obligatoria de la Corte Internacional de Justicia, ya que ninguno de estos dos Estados ha ratificado el Estatuto de dicha Corte Internacional (art. 36, parág. 2). Tampoco puede considerarse que la referencia genérica en el Acuerdo de Ginebra a los mecanismos para la solución pacífica de las controversias previstos en el artículo 33 de la Carta de la ONU, pueda constituir una base jurídica para afirmar la obligatoriedad de dicha jurisdicción contenciosa. De hecho, el Acuerdo de Ginebra no figura ni nunca ha figurado en los documentos oficiales considerados por la propia Corte Internacional de Justicia como uno de los tratados o acuerdos internacionales que estipulan su jurisdicción contenciosa. En este sentido, Venezuela siempre ha sido extremadamente cuidadosa de no ratificar los instrumentos internacionales o en su caso hacer la reserva del caso, cuando en los mismos se dispone la aceptación de la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia. Además, conforme a los principios de su reiterada jurisprudencia, la Corte siempre ha exigido que los acuerdos especiales entre las altas partes contratantes que estipulen su jurisdicción obligatoria para un asunto o controversia deben ser de naturaleza expresa, indubitable y clara, de manera que no dé lugar a duda alguna sobre la intención de las partes y, por ello, ha rechazado los casos relativos a estipulaciones indirectas o referenciales.

En conclusión, la anunciada decisión unilateral del Secretario General de la ONU es violatoria del Acuerdo de Ginebra, cuyo objeto y propósito

explícitos consisten en la búsqueda de una solución satisfactoria para el arreglo práctico de la controversia que resulte aceptable para ambas partes. Por lo cual, someter la controversia a un procedimiento judicial desnaturalizaría el Acuerdo de Ginebra, ya que impediría que las partes, a través de un mecanismo de negociación, logren un acuerdo práctico a la controversia que sea mutuamente aceptable para ellas. Queda claro que una solución judicial unilateral es lo contrario a un arreglo práctico satisfactorio y aceptable para ambas partes.

Al mismo tiempo, esta decisión de remitir el caso a la Corte Internacional de Justicia equivale a la introducción arbitraria de un término de caducidad de las negociaciones entre las partes para buscar una solución práctica conforme al Acuerdo de Ginebra, las cuales evidentemente no han sido agotadas. Conforme a dicho instrumento internacional (art. IV, 2), si alguno de esos medios, como podrían ser los actuales buenos oficios con mandato reforzado de mediación o cualquier otro de mayor intensidad diplomática, no han conducido a una solución de la controversia, el Secretario General de la ONU escogerá otro de los medios estipulados en el artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas y así sucesivamente hasta que la controversia haya sido resuelta, o hasta que todos los medios de solución pacífica contemplados en dicho artículo hayan sido agotados. Sin embargo, como hemos insistido, esos “medios de solución pacífica” contemplados en dicha norma, deben sujetarse siempre al objeto y propósito del Acuerdo de Ginebra, cual es precisamente la búsqueda de una solución satisfactoria para el arreglo práctico de la controversia en forma aceptable para ambas partes.

En consecuencia, las Academias consideran y requieren al Gobierno de Venezuela:

  1. Hacer valer, de manera pública y directa, ante el Secretario General de la ONU la invalidez bajo el Derecho internacional y el Acuerdo de Ginebra de someter la controversia entre Venezuela y Guyana a la Corte Internacional de Justicia.
  2. Solicitar al Secretario General de la ONU que escoja uno de los medios de solución de controversias previstos en el artículo 33 de la Carta de la ONU que sea compatible con el objeto y propósito del Acuerdo de Ginebra, a fin de que permita una solución satisfactoria para el arreglo práctico de la controversia en forma aceptable para ambas partes. Este medio deberá tener una mayor intensidad y estar

reforzado, a fin de que permita avances satisfactorios y significativos en el corto plazo.

  1. En caso de que el Secretario General de la ONU persista en su decisión y envíe la controversia a la Corte Internacional de Justicia, Venezuela debe preparar su defensa jurídica internacional, la cual deberá comenzar por objetar la competencia obligatoria contenciosa de dicho tribunal internacional para conocer este asunto, en virtud de (i) ser contrario al objeto y propósito del Acuerdo de Ginebra y (ii) no encontrar base expresa e indubitable de la voluntad de Venezuela de someterse a dicho tribunal, en ningún acuerdo especial o instrumento internacional.

Horacio Biord Castillo Presidente de la Academia Venezolana de la Lengua

Inés Quintero Montiel Directora de la Academia Nacional de la Historia

Alfredo Díaz Bruzual Presidente de la Academia Nacional de Medicina

Gabriel Ruan Santos Presidente de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales

Gioconda Cunto de San Blas Presidenta de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales

Humberto García Larralde Presidente de las Academia Nacional de Ciencias Económicas

Gonzalo Morales Presidente de la Academia Nacional de Ingeniería y el Hábitat